Tras vetar la ley de financiamiento universitario y la de la emergencia pediátrica, el presidente de la Nación, Javier Milei, firmó el Decreto 652/25. Con esta norma se oficializó el tercer veto de la semana y la ley que quedó anulada y fue devuelta al Congreso era especialmente importante para los gobernadores provinciales. La respuesta no tardó en llegar.

En síntesis, la iniciativa introducía dos grandes cambios en el manejo de fondos federales. Primero, repartía entre las provincias la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que se queda Nación y, segundo, obligaba a transferir de manera “diaria y automática” los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El Gobierno Nacional de Milei vetó esta ley amparado en que “implica un menoscabo concreto de las facultades y recursos del Estado nacional”. En el mismo sentido, consignó que “admitir modificaciones unilaterales al régimen de coparticipación importaría desconocer el carácter de pacto federal que la Constitución Nacional asigna a este sistema, con el consiguiente riesgo de fragmentar el equilibrio institucional entre la Nación y las provincias“.

Lo cierto es que los mandatarios provinciales dedicaron meses enteros a impulsar esta ley que resultó aprobada en ambas cámaras. La idea era salir del ahogo financiero al que los sometió la administración libertaria ya que desde 2023 se redujo drásticamente la transferencia de fondos a las jurisdicciones.

En este contexto, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, sostuvo que el veto constituye un nuevo “avance de su plan para fundir a las provincias”. Según el mandatario peronista, “es otro ataque al federalismo y a las autonomías provinciales” de la administración libertaria.

Para Ziliotto, la ley solo modificaba “recursos que legítimamente pertenecen a las provincias y que el gobierno nacional retiene y se apropia de forma ilegal”. “Seguiremos exigiendo lo que nos corresponde“, prometió el pampeano.