La crisis que golpea a la Casa Rosada sumó en las últimas horas dos ingredientes explosivos: allanamientos judiciales y nuevas filtraciones de audio que, según todo indica, afectan directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por orden del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, la Policía de la Ciudad realizó operativos simultáneos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en las oficinas de la droguería Suizo Argentina, empresa señalada como beneficiaria de contratos irregulares. El objetivo: asegurar computadoras, correos electrónicos y documentación que permitan probar el presunto esquema de sobornos revelado en grabaciones previas.

El procedimiento en la empresa derivó en una tensa pulseada. Abogados defensores, encabezados por Santiago Kent, intentaron frenar el acceso a los servidores, mientras en paralelo el propio Eduardo Kovalivker, accionista principal, se presentaba en la fiscalía para entregar su teléfono celular. A pesar de la maniobra, la orden para los agentes fue tajante: “no se van hasta llevarse todo”.

Mientras tanto, en la órbita política, el cimbronazo llegó con un nuevo audio atribuido a Karina Milei, donde se la escucha pedir “unidad” en la interna libertaria. Más allá del contenido, lo que genera alarma en el oficialismo es la confirmación de que la hermana del Presidente también fue grabada en ámbitos privados, posiblemente en la propia Casa Rosada. El vocero Manuel Adorni, en una declaración tan llamativa como contradictoria, llegó a admitir esa posibilidad al señalar que, de ser auténticas, se trataría de “un escándalo sin precedentes” porque “sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa de Gobierno”.

La aparición de este material profundiza las tensiones internas y derrumba el argumento inicial de que se trataba de una “operación kirchnerista”. Hoy, el foco se desplaza a las propias fisuras dentro del oficialismo: Milei, su hermana, los Menem y Adorni enfrentados con Santiago Caputo y otros sectores del poder libertario.

En paralelo, la familia Kovalivker presentó un recurso para pedir la nulidad de la causa, cuestionando la validez de los audios como prueba. Alegan que se trata de grabaciones obtenidas de manera ilegal y que violan la intimidad. Sin embargo, la fiscalía mantiene el rumbo: incautación de dispositivos, levantamiento del secreto bancario y bloqueo de cajas de seguridad.

El exfuncionario Diego Spagnuolo, señalado como pieza clave en la trama, se muestra cada vez más cercano a convertirse en “arrepentido”. Mientras tanto, el celular que entregó en su allanamiento apareció casi vacío, lo que suma sospechas sobre un eventual borrado de pruebas.

La combinación de justicia, espionaje y política interna sitúa al Gobierno en una encrucijada inédita: a diez días de una elección clave en la provincia de Buenos Aires, el escándalo no solo erosiona la imagen oficial, sino que abre interrogantes sobre la seguridad dentro de la propia Casa Rosada.