Según trascendió, la hipótesis más fuerte es que personas cercanas a un funcionario en plena campaña electoral habrían sido las responsables de divulgar el material, con el objetivo de afectar su imagen pública.

En los pasillos judiciales, incluso, algunos relacionan irónicamente esta versión con los dichos de la diputada Lemoine sobre la orientación sexual de José Luis Espert. Aunque esas declaraciones no guardan relación directa con el caso ANDIS, reavivan las sospechas sobre los vínculos personales del legislador con un abogado muy cercano al presidente Javier Milei.

Pero lo más explosivo aún está en investigación: los fiscales analizan si entre los chats filtrados aparecen indicios de una supuesta red de prostitución gay conectada con círculos de poder. Si esa línea se confirma, el caso podría escalar de un expediente por corrupción administrativa a un escándalo político y judicial de proporciones inéditas.

La trama, que ya combina corrupción, interna política y traiciones personales, ahora suma un costado de alto voltaje que promete sacudir todavía más a la administración libertaria.