

Antes de llegar a la Casa Rosada, La Libertad Avanza fue denunciada por supuesta venta de lugares en sus listas. Empresarios y dirigentes revelaron que se pedían sumas de entre 10.000 y 100.000 dólares para garantizar candidaturas. El caso afectó la imagen de Milei como outsider “puro” y expuso prácticas que decía combatir.
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, quedó en el ojo de la tormenta tras descubrirse 6 mil toneladas de alimentos guardadas en depósitos mientras miles de comedores reclamaban asistencia. La causa judicial aún sigue abierta y mantiene en tensión a organizaciones sociales y al propio Gobierno.
El senador Edgardo Kueider fue detenido en Paraguay con u$s200.000 sin declarar, mientras que el diputado Cristian Ritondo enfrentó denuncias por sociedades offshore. Ambos casos involucraron a figuras cercanas al oficialismo y minaron el relato anticasta.
El episodio más resonante: la promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte del propio Milei derivó en pérdidas millonarias para miles de pequeños inversores. El Presidente la había avalado públicamente en redes sociales. El fraude es investigado en Argentina y en EE.UU., y derivó en la creación de una comisión investigadora en el Congreso.
Denuncias internas señalaron que funcionarios libertarios exigían aportes a empleados y licitaban con sobreprecios millonarios, incluso en la compra de pañales. La diputada oficialista Viviana Aguirre renunció denunciando presiones y aportó audios que complican a referentes del armado en la Provincia de Buenos Aires.
Un video mostró al ministro Mariano Cúneo Libarona ofreciendo influencias en el Congreso y en la Justicia a cambio de beneficios para un activista extranjero. Pese al escándalo, el funcionario se mantuvo en su cargo.
Martín Menem quedó en la mira por contratos millonarios adjudicados a empresas vinculadas a su familia. Aunque el oficialismo intentó minimizarlo, la Justicia abrió una investigación y el Congreso pidió informes sobre posibles incompatibilidades.
La resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado fue acusada de realizar seguimientos ilegales a políticos opositores, sindicalistas y periodistas. El hallazgo de informes reservados sin control parlamentario despertó fuertes críticas y denuncias de abuso de poder.
El escándalo más reciente: audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, revelaron un esquema de sobornos y retornos en compras de medicamentos, con supuestos aportes destinados a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. La denuncia estalló en simultáneo con el rechazo legislativo al veto presidencial sobre la emergencia en discapacidad, incrementando la crisis política.
Valijas ingresadas al país sin controles aduaneros, la tragedia del fentanilo que dejó más de 100 muertos tras la desregulación de la ANMAT, y un deterioro en los índices internacionales de transparencia completan el panorama.
En apenas 20 meses, el gobierno libertario no solo enfrentó cuestionamientos por su política económica y social, sino también una sucesión de escándalos que lo colocan en el centro de la agenda de corrupción.
Mientras Milei insiste en presentarse como un Presidente que “lucha contra la casta”, los hechos revelan prácticas de recaudación política, negociados con contratistas y falta de controles institucionales.
Con elecciones a la vista, resta saber si esta acumulación de denuncias impactará en la legitimidad electoral del oficialismo y en la confianza de la sociedad hacia el proyecto libertario.