

La ley, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, busca proteger pensiones no contributivas, garantizar rehabilitación, educación, transporte accesible y medicación, y evitar el cierre de hogares y residencias por falta de recursos. También establece que el financiamiento provenga de la reasignación de partidas presupuestarias, sin la creación de nuevos impuestos.
Asegura el acceso al Programa Federal Incluir Salud para personas con discapacidad en situación de pobreza.
Garantiza servicios esenciales de rehabilitación, transporte, educación y medicación.
Obliga al Estado a financiar las prestaciones sin nuevos impuestos.
Previene el cierre de hogares y residencias que hoy atraviesan una crisis por falta de fondos.
El veto presidencial generó rechazo en todo el país. Para que sea revertido, se necesitan los votos de dos tercios en ambas cámaras del Congreso. Por eso, la movilización apunta a presionar a los legisladores para que no se desconozcan los derechos de miles de personas.
En paralelo, un fallo judicial abrió una nueva instancia: el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, declaró inconstitucional el veto presidencial, al considerar que “el derecho de los niños con discapacidad prevalece ante cuestiones presupuestarias”. El fallo respondió a un amparo de padres de dos niños con autismo, quienes denunciaron que el veto impedía los tratamientos necesarios. Aunque el Gobierno puede apelar, la decisión abre la puerta a más reclamos judiciales.
Además de la marcha en Necochea, el martes 19 de agosto se realizará una vigilia en Plaza de Mayo a las 19 hs, con encendido de velas como símbolo de esperanza. El miércoles 20, a las 11 hs, habrá movilizaciones en la Plaza del Congreso en Buenos Aires y en distintas plazas del país, incluida la Dardo Rocha de Necochea.
Con estas acciones, organizaciones y familias buscan que el Congreso deje sin efecto el veto de Milei y que los derechos de las personas con discapacidad sean realmente respetados.