El Gobierno anunció que se "dictará" y "remitirá" al Congreso un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el nuevo acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener su "apoyo", tal como lo había mencionado en su discurso de apertura de sesiones extraordinarias. Sin embargo, existe la "ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública" impulsada por el exministro de Economía de la administración del Frente de Todos, Martín Guzmán, que busca establecer un mayor control legislativo sobre el proceso de endeudamiento del país con organismos internacionales.

"Este acuerdo permitirá fortalecer el balance del Banco Central, hito esencial para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica y continuar con el proceso de desinflación y de liberación de las restricciones cambiarias", señala el comunicado oficial publicado por la Oficina del Presidente este jueves tras varios trascendidos de que el Gobierno evadiría al Poder Legislativo.

"No existe asunto más necesario y urgente que terminar con la inflación que durante años le arruinó la vida a los argentinos. Por ello, el Presidente de la Nación aspira a obtener un compromiso urgente de parte del Congreso, tal como ocurrió con todos los gobiernos anteriores", añade la masiva.

La vocera del FMI, Julie Kozack, afirmó en una conferencia de prensa que "tener el apoyo del Congreso es una decisión de las autoridades tal como lo establece la legislación interna argentina". Además, destacó que las negociaciones avanzan positivamente y que la aprobación dependerá de los procedimientos internos del organismo.

El Poder Ejecutivo busca que sólo se le de autorización para tomar una nueva deuda sin dar a conocer los detalles del nuevo programa, que comprometería la política económica por varios años.

¿Qué dice la ley Guzmán sobre el endeudamiento? 

La "Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública" establece que el endeudamiento en moneda extranjera bajo la normativa extranjera, y con prórroga de jurisdicción, requerirá autorización del Congreso. Además, prevé que los acuerdos futuros con el FMI deberán también ser aprobados por el Poder Legislativo, garantizando así una mayor transparencia y debate público sobre estas decisiones.

En el Artículo 2º, la norma indica que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente".

Este marco normativo surgió en respuesta a la deuda contraída por el gobierno Mauricio Macri en 2018, cuando Argentina acordó un préstamo con el FMI por USD 57.000 millones sin intervención del Congreso -fuera de lo previsto por el mismo estatuto del organismo multilateral de crédito- de los cuales llegó a recibir USD 44.000 millones.

De esta manera, un nuevo acuerdo requeriría una "ley" aprobada por el Congreso de la Nación, ya que se prevén nuevos desembolsos del FMI para "recapitalizar el balance del BCRA", aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que esto "no implica aumento de la deuda bruta, ya que va al Tesoro y que después le recompra deuda que el BCRA tiene del Tesoro". El nuevo programa se cerraría en el primer cuatrimestre debido al trámite legislativo que se necesita y a la burocracia del FMI.