En la audiencia, las empresas del sector presentaron planes de inversión que justifican la necesidad del aumento, argumentando la necesidad de mejoras en la infraestructura y la red de distribución. Sin embargo, el ajuste se suma a una serie de incrementos registrados en los últimos meses, lo que podría afectar el poder adquisitivo de los hogares, industrias y comercios.

El nuevo esquema tarifario será oficializado el 31 de marzo y comenzará a regir desde el 1 de abril. El gobierno busca que los aumentos en el transporte y distribución de la electricidad no superen el 10%, aunque también se prevén otros ajustes atados a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La suba de tarifas sigue generando debate, ya que mientras las distribuidoras sostienen la necesidad de actualizar costos para garantizar el servicio, distintos sectores advierten sobre el impacto que estos aumentos tendrán en la economía de los usuarios y en la actividad productiva.