En una nueva escalada de su discurso contra la inmigración, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles su intención de utilizar la prisión militar de Guantánamo, históricamente reservada para acusados de terrorismo, para alojar hasta 30.000 migrantes en situación irregular.

El anuncio llegó justo antes de la firma de la Ley Laken Riley, la primera aprobada bajo su administración, que permite detener e incluso deportar a inmigrantes indocumentados acusados de robo o delitos violentos sin necesidad de una condena previa. "Voy a firmar hoy mismo un decreto para que los Departamentos de Defensa y Seguridad Interior comiencen a preparar las instalaciones en la bahía de Guantánamo", declaró Trump, quien se refirió a los migrantes como "criminales".

"Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense", sostuvo Trump. Según el presidente, muchos de ellos son "tan peligrosos" que ni siquiera confiaría en que sus países de origen los retengan. Además, destacó que la medida permitiría duplicar de inmediato la capacidad de detención y calificó a la prisión como "un lugar del que es difícil salir".

La cárcel de Guantánamo fue inaugurada en 2002, en el marco de la "guerra contra el terrorismo" impulsada por el expresidente George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. A lo largo de los años, cientos de prisioneros acusados de pertenecer a grupos terroristas como Al Qaeda pasaron por sus instalaciones.

Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado violaciones a los derechos humanos en el centro, señalando que muchos detenidos fueron sometidos a torturas y tratos inhumanos durante los interrogatorios. Pese a las promesas de cierre realizadas por los expresidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden, la prisión sigue en funcionamiento.

La iniciativa de Trump ya generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos y de la oposición demócrata, que la consideran una acción extrema y contraria a los principios básicos de justicia y debido proceso. Mientras tanto, el presidente redobla la apuesta en su discurso de "mano dura".