En una nueva etapa del ajuste, la semana que viene el Gobierno nacional comenzará con los solicitudes de idoneidad a unos 40 mil empleados del Estado, cuyos contratos vencen a fin de año.

La tarea, impulsada por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, consiste en pruebas destinadas principalmente a los trabajadores de planta transitoria, cuya vinculación laboral anual expirará el 31 de diciembre y que buscarán su continuidad laboral, pero también para auqellas personas que nunca hayan trabajado en la administración pública y planeen postularse por primera vez, a quienes les servirá de certificado de aptitud.

La inscripción comenzará esta semana y permanecerá abierta todo el año. La aprobación del examen será obligatoria, pero no vinculante,  es decir, el buen rendimiento no implica que una persona va a quedar contratada. Pero así como se necesita comprobar que quienes ingresan a trabajar en el Estado no tienen antecedentes penales, la admisión de esta prueba también será de requisito de ingreso.

La prueba tendrá tres niveles de dificultad: una para profesionales, otra para administrativos y otra para trabajos catalogados como "servicios generales", en puestos de tareas consideradas cotidianas como choferes o jardineros. Las preguntas estarán dirigidas a cuestiones de lógica, matemática y conocimiento sobre la administración pública.

"El examen no está pensado como un filtro, sino para tener un mecanismo para saber si el personal es eficiente", explicaron desde el Ejecutivo. 

Las evaluaciones tendrán entre 20 y 24 preguntas de opción múltiple, durarán una hora y se realizarán de forma presencial en las oficinas del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Cada persona tendrá tres posibilidades de aprobar. "El examen no está pensado como un filtro, sino para tener un mecanismo para saber si el personal es eficiente", explicaron fuentes del Ejecutivo. 

Los trabajadores de planta permanente no deben realizar el examen, tampoco quienes residen fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y quienes cuentan con un certificado de discapacidad.ç

Conami y Coprec en la mira

Además, en pleno plan de ajuste, el Ministerio de Desregulación del Estado tiene en la mira a varios organismos. Uno de ellos es la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami), que busca asistir a emprendedores que no puedan acceder al sistema financiero formal, donde el Gobierno asegura que tenía más presupuesto para salarios que para los préstamos que debía entregar y quiere cerrarlo.

Otro es el Consumo Protegido (Coprec), que funciona en la órbita de la Secretaría de Comercio y está destinado a recibir reclamos de consumidores. Para la gestión de Javier Milei ya existen otras oficinas que cumplen la misma función. "Organismos descentralizados hay más de 100. La Ley Bases permite ponerlos en revisión. En algunos casos se propondrán fusiones, otros se eliminarán y otros volverán a depender de la administración central", precisaron desde el Gobierno.