Amenazas y presión mediática

De acuerdo con información de Necochea Digital, dos dirigentes del sector agropecuario habrían lanzado advertencias en caso de que la tasa avance. Uno de ellos, identificado por su apellido de origen burgués, habría afirmado: “Los vamos a escrachar en todos los medios nacionales, tenemos el poder económico para hacerlo”. Estas declaraciones reflejarían un intento de influir políticamente mediante campañas mediáticas financiadas, una estrategia que ya ha sido señalada en otros contextos por funcionarios nacionales.

Recientemente, el presidente de la Nación, sin mencionar directamente a este conflicto, declaró: “A pesar de generar noticias maravillosas, todas las semanas hablan pestes. Son extorsionadores”. Sus palabras parecen alinearse con la situación de presión que enfrenta el municipio necochense.

El impacto de la tasa y antecedentes

La tasa busca corregir años de desatención a la infraestructura local, que ha sido utilizada intensivamente por el sector exportador sin un retorno significativo para la comunidad. Aunque una versión previa fue aprobada en 2014, su implementación fue bloqueada por medidas judiciales interpuestas por las empresas afectadas, a pesar de los fallos a favor del municipio.

Actualmente, los ingresos estimados por esta tasa rondarían los 4 mil millones de pesos anuales, monto que permitiría realizar mejoras en las calles de Quequén y otras zonas afectadas por el tránsito portuario. Sin embargo, las cifras presentadas por las empresas hablan de un impacto mucho mayor en sus costos, lo que ha intensificado su rechazo.

Un conflicto que refleja desigualdades

El enfrentamiento evidencia las desigualdades en el modelo de desarrollo portuario: mientras los beneficios económicos son millonarios para las empresas, las comunidades locales lidian con calles destruidas y servicios deteriorados. Las recientes amenazas de algunos dirigentes del campo y el debate público en medios nacionales muestran la magnitud del conflicto, que ahora se extiende a una arena política y mediática.

El municipio, por su parte, deberá sostener su postura frente a la presión, mientras los vecinos esperan una solución que ponga fin a décadas de abandono.