El Gobierno ha dejado clara su postura: el Estado no debe seguir siendo empresario. Con esa premisa, la administración de Javier Milei se ha embarcado en un ambicioso proyecto de privatización que apunta a desprenderse de todas las empresas públicas bajo su órbita. Este proceso, que abarca un total de 59 sociedades estatales y mixtas, busca ejecutarse lo más rápido posible, pese a los desafíos burocráticos y financieros que implica.

“El Estado no tiene que seguir siendo empresario. Vamos a tratar de hacer todo rápido. La idea es vender todo”, sostuvo un alto funcionario cercano al proceso, que es monitoreado por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas. Chaher, con antecedentes en el cierre de la agencia Télam, fue designado en julio al frente de esta unidad ejecutora que tendrá una vida útil de dos años.

Aerolíneas Argentinas, en el ojo de la tormenta

Uno de los casos más emblemáticos de este plan privatizador es Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera que enfrenta una crisis marcada por reiteradas medidas de fuerza de los gremios. Estos conflictos han debilitado su imagen pública y dado a Milei un argumento sólido para avanzar con la venta de la compañía. Desde la Casa Rosada, se busca acelerar reuniones con empresas del sector para evaluar posibles opciones de venta, cesión de rutas, o incluso la liquidación de la aerolínea.

El caso de Aerolíneas es el símbolo del enfoque ideológico del gobierno: un Estado que se aleje de la administración de empresas y deje esa tarea en manos del sector privado. “El Estado no sabe manejar empresas”, repiten desde el entorno del presidente, reafirmando su voluntad de acelerar los procesos de privatización.

Un proceso complicado y a largo plazo

Sin embargo, el camino no es sencillo. Para muchas de las empresas en cuestión, el proceso privatizador implica pasar por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para una eventual salida a la Bolsa, o bien, a través de concesiones o concursos públicos. Uno de los primeros casos en avanzar podría ser IMPSA, la empresa mendocina de energía, pero antes deberá recibir el visto bueno de la Legislatura provincial.

El plan del Gobierno también incluye transformar algunas empresas estatales en sociedades anónimas, lo que permitiría una salida más ágil al mercado. A pesar de esto, varios de estos entes arrastran deudas y balances sin aprobar desde hace años, lo que representa un obstáculo importante. Un ejemplo claro es ARSAT, que no presenta balances desde 2019. Ante esta situación, el Ejecutivo busca mecanismos de auditoría externa para acelerar la presentación de los estados financieros y destrabar el proceso.

Otros casos en la mira

Entre las empresas en la lista de privatización se encuentran otras de relevancia estratégica, como EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea), que recientemente reportó superávit, pero cuya conducción ha sido inestable. AYSA (Aguas y Saneamientos Argentinos) también podría salir al mercado bajo un modelo similar al de Sabesp, la empresa de saneamiento de San Pablo, que privatizó una parte de su capital accionario.

El Gobierno también busca avanzar en el Parlamento, donde la privatización de Aerolíneas Argentinas será uno de los temas a discutir. La comisión de Transportes de Diputados ya ha comenzado a analizar proyectos vinculados a este proceso, y se espera que esta semana expongan funcionarios clave del sector, incluyendo al secretario de Transporte, Franco Mogetta, y al presidente de Aerolíneas, Fabián Lombardo.

El desafío de un proceso privatizador integral

La administración de Milei enfrenta un desafío monumental: no solo debe lidiar con la resistencia sindical y la incertidumbre económica que generan estos cambios, sino también con la necesidad de aprobación legislativa y los complicados procesos administrativos que conllevan las privatizaciones. Aunque la voluntad política es firme, el proceso es largo y engorroso, y dependerá en gran medida del estado de las empresas en cuestión.

En definitiva, el plan privatizador del Gobierno refleja una visión clara: reducir la participación estatal en la economía al mínimo, en un intento por fomentar la eficiencia del sector privado. Sin embargo, el componente ideológico que guía esta decisión promete generar fuertes debates en los próximos meses. Mientras tanto, los sindicatos, los empleados de las empresas afectadas y una parte de la sociedad se mantienen expectantes ante las posibles consecuencias de este ambicioso proyecto.