Varios dirigentes políticos de Necochea han manifestado su preocupación ante lo que consideran una posible estafa a gran escala, afectando tanto a instituciones públicas como a vecinos de la ciudad.

Uno de los casos más alarmantes es el del Complejo Casino, que a pesar de tener el 90% de sus instalaciones cerradas, recibe facturas mensuales de hasta 20 millones de pesos. En contraste, el Hospital Municipal Emilio Ferreyra, con pleno funcionamiento, abona cerca de 9 millones mensuales. Esta disparidad ha encendido las alarmas entre los funcionarios locales, que temen un manejo poco claro de los recursos y del control de los consumos eléctricos.

A esta situación se suma el despido de un empleado encargado de registrar los estados de los medidores, quien realizaba su labor desde su casa sin verificar físicamente los consumos. Esto ha generado aún más desconfianza entre los dirigentes políticos, que ahora cuestionan la transparencia y la gestión de la UPC, mientras temen una reacción enérgica de los vecinos ante lo que consideran una estafa generalizada.

Ante este panorama, los representantes locales instan a los ciudadanos a revisar detalladamente sus facturas de luz y denunciar cualquier anomalía. Al mismo tiempo, exigen mayor control sobre el funcionamiento de la UPC, que ha sido objeto de críticas crecientes por parte de la comunidad política.

El temor a un malestar social va en aumento, ya que la combinación de tarifas elevadas y una supuesta negligencia en la toma de estados de los medidores podría desencadenar protestas masivas por parte de los vecinos, quienes se sienten indefensos ante la falta de respuesta clara por parte de la cooperativa.