Según la imputación, Yañez denunció haber sufrido una relación marcada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas a lo largo del tiempo, en un contexto de violencia intrafamiliar y de género. El fiscal González señaló que esta relación se vio exacerbada por la asimetría de poder entre ambos, acrecentada cuando Fernández asumió la presidencia.

Medidas ordenadas por el fiscal

El fiscal González ha dispuesto una serie de medidas para avanzar en la investigación. Entre ellas, se destaca la citación de varios testigos clave, como Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial; María Cantero, ex secretaria privada de Fernández; y Miriam Yañez Verdugo, madre de Fabiola. También se citó a Sofía Pacchi, amiga de Fabiola, y a la periodista Alicia Barrios, quienes según la denunciante, tenían conocimiento de las agresiones.

Además, el fiscal ha solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos, específicamente las correspondientes al período entre 2021 y 2023, cuando Yañez afirma haber vivido situaciones de violencia en la residencia presidencial. También se ha requerido la preservación de todos los registros fílmicos desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2023.

Otra medida incluye la solicitud de los antecedentes médicos de Yañez, tanto psiquiátricos como relacionados con su tratamiento de fertilidad, a diversas clínicas y sanatorios. Además, la Fiscalía ha pedido un informe integral sobre el estado de la víctima a la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).

Declaraciones y próximos pasos

Fabiola Yañez declaró por videoconferencia desde Madrid, España, donde actualmente reside, y ratificó las acusaciones que había presentado por escrito. En su declaración, la ex primera dama afirmó que Fernández la obligó a abortar y detalló un patrón de maltrato constante, incluyendo golpes y hostigamiento. Asimismo, confirmó que Ayelén Mazzina, ex ministra de la Mujer, estaba al tanto de las agresiones pero no actuó al respecto. Este último hecho ha llevado a la apertura de un expediente separado para investigar la responsabilidad de Mazzina.

Con estas medidas, la investigación contra Alberto Fernández se inicia formalmente, mientras se espera que las pruebas recolectadas arrojen luz sobre las acusaciones de violencia de género y amenazas coactivas en su contra.