La reunión de la Comisión de Seguimiento de Transporte del Concejo Deliberante dejó en evidencia las crecientes tensiones entre los ediles y los empresarios, una situación que se agravó tras la reciente oferta de reducir la tarifa en un modesto 5%, a pesar de haber recibido un subsidio provincial retroactivo destinado a compensar la falta de fondos por parte del Gobierno Nacional.

Julián Kristiansen, concejal de Unión por la Patria, expresó su frustración al respecto junto a sus pares del radicalismo y criticó duramente la respuesta de los empresarios, considerándola insuficiente y desalentadora. El monto que les destinó el Ministerio de Transporte provincial de forma retroactiva para cubrir el déficit pareciera no haber sido un factor decisivo en la propuesta de reducción tarifaria, aunuque ese era uno de sus objetivos según el propio Axel Kicillof.

El edil del peronismo presentará un proyecto de resolución para derogar la declaración de Emergencia en el transporte, argumentando que la medida ya no tiene sentido dado que la provincia ha cubierto en su totalidad los subsidios necesarios y esta medida había sido implementada para enfrentar la crisis de financiamiento y garantizar un mínimo de servicio durante la falta de apoyo federal.

Sin embargo, el ambiente en el Concejo Deliberante no es tan uniforme. Kristiansen indicó que otros bloques no respaldarían esta propuesta de derogación y prefieren que la Emergencia se mantenga hasta completar los seis meses originalmente previstos. Esta postura refleja una división en la estrategia a seguir, entre quienes creen que la situación justifica una continuidad de la emergencia y aquellos que opinan que las nuevas circunstancias invalidan su necesidad.

Vale destacar que las empresas propusieron reducir el precio del boleto en 59,50 pesos, llevándolo a 939, una oferta que llega tras recibir un monto de casi 800 millones de pesos anuales por parte de la Provincia. Al no presentarse en la Comisión de seguimiento creada para monitorear la situación tras la liberación de tarifas, las autoridades han notado un desinterés del privado en colaborar para encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas.

La ausencia de las empresas en la Comisión de Seguimiento y la propuesta de reducción mínima del boleto refuerzan la percepción de que las empresas están actuando con autonomía y sin consideración por las necesidades de los usuarios o el impacto en las finanzas públicas.