

A través de un comunicado, el gremio anunció su intención de presentarse ante la justicia federal para intentar detener cautelarmente el cobro del impuesto. "Sostendremos que se ha violentado el procedimiento de formación y sanción de las leyes, previsto en nuestra Constitución Nacional, toda vez que una de las Cámaras rechazó la propuesta promovida por el Poder Ejecutivo de gravar impositivamente el salario", explicaron.
El gremio que lidera Pablo Maciel argumenta que la medida vulnera el principio de progresividad de los derechos sociales, que incluye la remuneración, y empeora la situación de quienes dependen de su trabajo personal, lo cual está prohibido por el ordenamiento jurídico.
La restitución del impuesto ha generado gran preocupación por su impacto en el sistema de salud, especialmente en la cobertura de guardias y horas extras. El CICOP advirtió sobre las consecuencias negativas de esta decisión, señalando que la eliminación de exenciones podría resultar en guardias incompletas, poniendo en riesgo el acceso a la salud de la población.
En mayo de 2023, el Poder Legislativo había sancionado la ley 27.718, presentada por el Diputado Daniel Gollán, que eximía del impuesto a las ganancias a las remuneraciones de profesionales de salud por guardias obligatorias y horas extras. Esta medida buscaba paliar la falta de profesionales en el sector.
Los médicos anticipan "serios inconvenientes para sostener los Servicios de Emergencia" y advierten que "nadie estará dispuesto a trabajar más y ganar menos". El ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, comentó que si faltan médicos en las guardias, los responsables son el presidente y los legisladores que votaron la ley.
El malestar por la medida también se ha extendido a los municipios. El intendente de Bolívar, Marcos Pisano, señaló: "Con la vuelta del Impuesto a las Ganancias, Milei nos deja sin médicos en nuestros hospitales".
La Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, también presentó una acción de amparo contra la aplicación del impuesto. Palazzo, quien es diputado nacional, argumentó que la ley es "ilegítima e injusta", ya que solo fue aprobada por una de las Cámaras, y pidió al Poder Judicial que actúe en consecuencia.
La situación actual pone de manifiesto la urgencia de un debate más amplio sobre el impacto fiscal en sectores esenciales como la salud, así como la necesidad de medidas que garanticen la protección de los derechos laborales y el acceso a servicios básicos para la población.