Desde el inicio de la investigación, el ex mandatario no se presentó en el expediente ni objetó las medidas que fue dictando el juez Ercolini. Este jueves fue notificado formalmente para nombrar a un letrado.

El juez federal Julián Ercolini notificó este jueves al ex presidente Alberto Fernández que deberá designar abogado defensor para que lo asista en la causa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos a través del Banco Nación.

Hasta el momento, el ex mandatario nunca se presentó en el expediente ni apeló las disposiciones que ordenó la Justicia a medida que fue avanzando la investigación: desde el inicio de la causa, se dictó la inhibición general de bienes de Fernández y también se ordenó analizar sus líneas telefónicas, medida que también recayó sobre el resto de los sospechosos bajo investigación.

La notificación es sinónimo de imputación formal contra el ex presidente, quien hasta el momento nunca se había presentado en el expediente pese a que estaba al tanto de la investigación, a tal punto que tuvo declaraciones públicas al respecto en el marco de un reportaje.

La causa que compromete a Alberto

En la causa «Seguros» se investigan los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos, por lo que el juez Ercolini dispuso semanas atrás la inhibición general de bienes del ex mandatario.

El magistrado dispuso notificar de las decisiones del expediente que lo involucren y para garantizarle el derecho de defensa, debido proceso y control de la prueba, lo exhortó a que designe abogado defensor.

En otros expedientes penales, como el de la fiesta de cumpleaños de su esposa, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos en plena pandemia, Alberto Fernández fue asistido por el abogado Marcelo Sgro.

El ex presidente firmó sobre el final de su mandato un decreto que obligaba a los organismos públicos a suscribir seguros de vida con el Banco Nación a través de su aseguradora, Nación Seguros.

Pese a tratarse de una relación directa entre organismos del Estado, en la investigación se determinó que intervinieron «brokers» privados a modo de intermediarios, quienes cobraron por ello comisiones que -según la imputación- estaban por encima de los valores de mercado.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *