La normativa aprobada en 2.017 obliga a las compañías de transporte a implementar este sistema. Seis años después, solo el 13% de las unidades que circulan en territorio bonaerense se atienen a cumplimentar el texto. De un total de 10 mil en funcionamiento, solo unas 1.300 poseen cámaras de seguridad.
A raíz del asesinato del colectivero de la línea 620 y las posteriores agresiones de los manifestantes contra al Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se volvió a poner sobre el tapete una ley que en 2.017 impulsó el diputado necochense Martín Domínguez Yelpo, por la que se obliga a los colectivos de pasajeros a llevar instaladas cámaras de seguridad.
«Estuvo la plata y hubo negligencia de parte del Estado y de las empresas», denunció ayer el legislador en una entrevista concedida a un medio digital en la que describió el derrotero del proyecto aprobado por unanimiadad en enero de ese año.
Se trata de la Ley 14.897, que estableció que todos los transportes colectivos que circulen por el territorio bonaerense -inclusive los de larga distancia-, «deben contar con cámaras de seguridad en el interior de cada vehículo, que filmen en tiempo real y almacenen las imágenes durante un período cierto, en las condiciones que establezca la reglamentación».
La ex gobernadora María Eugenia Vidal tardó más de un año en promulgar la normativa, cuya reglamentación se dispuso recién en abril de 2018, a instancias del caso Alcaraz, otro chofer de la Línea 620 asesinado en horas de trabajo.
Seis años después, solo el 13% de las unidades que circulan en la provincia se atienen a la norma. De un total de 10 mil unidades en funcionamiento, unas 1.300 poseen cámaras de seguridad, señaló el legislador. «Cuando presenté la ley lo hice adelante del ministro (Cristian) Ritondo y del presidente de la comisión de Seguridad del Senado, (Sergio) Berni, y además de (Jorge) D´Onofrio que era diputado», y ahora es titular de la cartera de Transporte, recordó el necochense.
En esa línea, indicó que la ley fue impulsada con la voluntad de «proteger al chofer y también al pasajero», mientras señaló que «dentro de los colectivos solo se denuncian, apenas, el 25% de los robos que suceden».
«Siempre se las ayudó a las empresas, a pesar que la ley era a costo de los empresarios y se votó así, no generaba gasto para el Estado», remarcó el hijo del ex secretario adjunto de la UTA, luego de que el Gobierno bonaerense reconociera haber destinado $2.500 millones hace más de un año a las firmas transportistas para que dispongan de las cámaras.
Por otro lado, «en diciembre de 2020 liberan dinero y le dan un plazo de 180 días», describió Domínguez Yelpo, y añadió: «En ese proceso, el ministerio de Transporte dio altas de unidades y no certificó que tuvieran cámaras. Podría haber no pagado el subsidio.»
En efecto, el gobierno bonaerense se comprometió este lunes ante el secretario general de la UTA «a crear una comisión de seguimiento para poder poner en marcha la gran mayoría de las cámaras instaladas», a la vez que anunció la puesta en «funcionamiento el centro de monitoreo con inteligencia artificial y toda la tecnología», según manifestó el minsitro de Transporte, Jorge D´Onofrio, tras las protestas del mediodía.